Yolanda Ortiz, la pionera que inspiró la ley de capacitación ambiental 02/08/2021
- La Ley Yolanda lleva el nombre de la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, designada por el presidente Perón en 1973. Fue la primera mujer en ejercer un cargo de esas características en América Latina.
Promovió la educación ambiental para la construcción de una sociedad consciente y en equilibrio con la naturaleza.
Ley Yolanda
- La Ley N° 27.592, o Ley Yolanda, es una norma nacional de Argentina que busca formar integralmente a las personas del sector público en materia ambiental. Esto incluye a todos los empleados públicos del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación
- Ley Yolanda (Ley No. 27.592) La ley tiene como objeto garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública. Se incluyen disposiciones sobre acceso a la información y participación.
- Los lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente.
- La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente en cada uno de los organismos dependientes de los poderes referidos en el artículo 2°. En la página se identificará a las/os responsables de cumplir con las obligaciones que establece la presente ley en cada organismo y el porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía. Asimismo, la autoridad de aplicación publicará en esta página web un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, incluyendo la nómina de altas autoridades del país que se han capacitado.
- La autoridad de aplicación deberá garantizar la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, en el marco del proceso de confección de los lineamientos generales establecidos en el artículo precedente.