Oscar Oszlak
- 24 de marzo 2022- Oscar Oszlak -
Queridos amigos,
Adjunto una propuesta política destinada a mejorar la situación de deformidad (al menos, uno de sus aspectos críticos) que presenta el aparato estatal. Está pensada para que los equipos técnicos que actualmente están trabajando en un plan de gobierno para 2023, incorporen a sus elencos a especialistas en gestión pública para que desarrollen los lineamientos contemplados en la propuesta que les envío.
Por supuesto, agradeceré los comentarios que les merezca sobre su viabilidad y pertinencia. Un abrazo.
Oscar
Jornadas Gobierno Abierto y transparencia -Oscar Oszlak https://www.youtube.com/watch?v=24Woq-ZAzTk
Oscar Oszlak Investigador Titular Área Política y gestión pública
RECONVERSIÓN DEL ESTADO: PROPUESTA PARA REDUCIR SU DEFORMIDAD Oscar Oszlak
El Problema
- La crítica habitual lanzada contra el Estado, sobre todo desde los sectores más reaccionarios de la sociedad, destaca su gigantismo, su hipertrofia, su naturaleza boba. A mi juicio, el mayor problema no es su hipertrofia sino su deformidad.
- Existen organismos y sectores de nuestras administraciones públicas que funcionan bien, otros que están hipertrofiados, pero también hay muchos que son raquíticos o inexistentes, por lo cual sería preferible hablar de “deformidad” y de necesidad de “reasignación de recursos”.
- Sobreviven dentro del aparato estatal costosas estructuras (organismos y puestos de trabajo) creadas por anteriores gobiernos, que en su momento pudieron haber sido importantes para el proyecto político de turno y hoy perdieron totalmente su razón de ser. Habrá que analizar profundamente el valor público de la producción estatal en bienes, servicios, transferencias o regulaciones, para identificar excesos, vacíos y distorsiones.
- Y frente a la difundida creencia de que “sobra gente” en el sector público, un análisis detenido seguramente constatará la existencia de un fenómeno que llamo “síndrome sobra-falta”, es decir, que en ciertos organismos y para ciertas funciones, sobra en efecto personal (por lo general, de baja calificación), mientras que en los mismos u otros organismos falta personal con los perfiles necesarios para desempeñar funciones esenciales, generalmente de alta calificación.
- La solución no es, entonces, “echar gente”, sino planificar cuidadosamente la planta de personal en función de la revisión que se haya hecho del valor público de cada área funcional, adoptando una inteligente política de reconversión, reasignación e incorporación programada.
- Una pieza central de la propuesta planteada en este documento, es precisamente la referida a la reconversión del Estado y el destino del personal que no encuentre un puesto de trabajo útil dentro del sector público, la que se desarrollará más abajo.
Propuesta de política
- En democracias consolidadas, donde los gobiernos se suceden ordenadamente, cualesquiera fueren sus orientaciones político-ideológicas, los cambios en la estructura organizativa del sector público son infrecuentes.
- Los gobiernos heredan un aparato institucional “decantado” a través de años de gestión que, por lo general, cuenta con unidades organizativas que poseen las competencias y los elencos necesarios para producir los bienes, regulaciones o servicios demandados por sus respectivos destinatarios (usuarios, beneficiarios, sujetos de regulación).
- Suelen contar, además, con equipos de transición política, pertenecientes a partidos o coaliciones triunfantes, que toman contacto con el gobierno saliente meses antes de la entrega del poder. O, asimismo, con gabinetes en las sombras conformados por la oposición, que replican la composición del gabinete presidencial actuante.
- Nada de eso existe en la Argentina. Lo primero que hace un partido o coalición, luego de ganar una elección presidencial, es diseñar un nuevo organigrama ministerial y decidir quiénes ocuparán qué puestos, dentro de esa flamante estructura. Y eso suele ocurrir en un tiempo extremadamente breve, sin establecer contactos previos con las áreas gubernamentales todavía vigentes y, obviamente, sin una transición política ordenada.
- Por lo general, se crean y suprimen unidades en el papel, en todos los niveles jerárquicos (ministros, secretarios, subsecretarios, jefes de gabinete, coordinadores) y, una vez en el gobierno, aprobada la nueva ley de ministerios, cuando comienza a advertirse que algunas de las decisiones en esa materia eran equivocadas, se continúa rediseñando la estructura sin respetar necesariamente criterios jerárquicos y funcionales que debería exhibir una estructura técnicamente racional.
- A menos de dos años de un cambio de gobierno, se impone, desde ahora mismo, conformar un equipo de trabajo para analizar el valor público que generan los diferentes organismos estatales. Para ello, cada una de las áreas de análisis de políticas públicas que ha constituido la coalición opositora, debería contar con integrantes exclusivamente dedicados a estudiar y evaluar la estructura organizativa requerida para implementar aquellas políticas que se contempla adoptar en un futuro gobierno.
- Esto implica identificar cuáles son los diversos “productos” que resultan de la aplicación de los recursos presupuestarios con los que cuentan los organismos responsables del área o sector, cuál es su calidad, quiénes sus destinatarios, qué cambios se requieren para la producción o entrega de esos productos (v.g., procesos de gestión) y, finalmente, que combinación de infraestructura, personal y bienes o servicios no personales (función de producción) sería necesaria para una gestión más racional.
- Puede anticiparse que como resultado del análisis de “valor público”, surgirán diversos tipos de propuestas: eliminación, descentralización, privatización de la gestión, reingeniería, etc. para una mejor provisión del bien o servicio. A su vez, el análisis de los procesos de gestión permitirá seleccionar los esquemas jerárquicos y funcionales más adecuados para la distribución de competencias.
- Si el estudio de la “función de producción” en cada una de las áreas y sectores estatales llegara a tener el grado de profundidad suficiente, podría suministrar la información necesaria para replantear, siguiendo una estrategia gradual de mediano plazo, la recomposición de la estructura presupuestaria en términos de las partidas requeridas para gastos en personal, inversiones y gastos de funcionamiento y conservación.
- El conjunto de responsables de analizar las estructuras de gestión de las diferentes áreas de política pública conformarán, a su vez, un equipo que tendrá a su cargo el diseño de la estructura ministerial del futuro gobierno.
- Como resultado de la tarea de análisis sobre el valor público de cada área (y organismos) del Estado, así como de las estructuras y dotaciones técnicamente requeridas, se identificarán “dotaciones deseables”, con sus respectivos perfiles ocupacionales y posiciones jerárquicas necesarias. Es decir, la estructura organizativa se definiría de arriba-hacia-abajo pero también de abajo-hacia-arriba.
- Con esa información, podrán compararse los perfiles de puestos “deseables” con los efectivamente existentes, según la base de datos (BIEP) con que cuenta la administración pública nacional. Como resultado, se obtendrá un listado aproximado de puestos “sobrantes” y “faltantes”.
- Con respecto a los “sobrantes”, la propuesta que se pone a consideración del futuro gobierno consiste en, primero, identificar a los ocupantes de esos puestos “sobrantes” para, en primera instancia, analizar su posible traslado a otra área del mismo organismo, u otros organismos, para cubrir puestos de trabajo “faltantes”.
- A través del INAP, podrían ofrecerse cursos especiales para la reconversión del personal que fuera pasible de traslado. A quienes no pudieran ser trasladados por no existir puestos vacantes en la nueva estructura que se correspondan con su perfil, se les ofrecería las siguientes opciones:
- 1. Un retiro voluntario o jubilación anticipada que, a diferencia de otras experiencias previas, no dependería de la voluntad del funcionario de retirarse cuando, en realidad, sería deseable que permaneciera en su puesto. En este caso, el ofrecimiento lo haría el gobierno a partir de un criterio basado en el carácter superfluo del puesto.
- 2. El ofrecimiento de un puesto de trabajo en el sector privado (empresas, pymes, ONG u organizaciones de la economía solidaria), en el marco de un programa cuyas características se describirán enseguida.
- 3. El apoyo, por tiempo determinado, a un emprendimiento comercial, industrial o profesional, en las condiciones que también se comentarán más abajo.
- En el caso del retiro voluntario o jubilación anticipada, el régimen a aplicar (por ejemplo, el pago de una doble indemnización o el pago anticipado de salarios faltantes hasta la jubilación) sería similar a otros adoptados en el pasado. La diferencia fundamental con el pasado es que no estaría abierto a cualquiera que deseara retirarse sino a los ocupantes de puestos que hubieran sido declarados “superfluos”.
- En el segundo caso, el gobierno lanzaría un Programa de Reconversión Laboral que tendría las siguientes características básicas:
- • Cualquier empresa existente o a formarse, que presente los requisitos a determinar, podría presentar un plan de incorporación de aquel personal que, hasta ese momento, estuviera cubriendo puestos “sobrantes” en algún organismo estatal, a partir de la información que el gobierno suministraría públicamente a través de sus redes.
- • La empresa participante del programa se obligaría a contratar a ese personal durante un período mínimo de cinco (5) años, período durante el cual la empresa recibiría un subsidio decreciente del gobierno para cubrir las remuneraciones de dicho personal.
- • El gobierno se comprometería a pagar el 100% de las remuneraciones del personal que resultara incorporado a través de este programa, durante un período de 12 meses, incluyendo los beneficios y aumentos que se dispusieran durante ese período. En los años sucesivos, el monto del subsidio se iría reduciendo gradualmente, de modo que equivaldría al 80% en el segundo año, al 60% en el tercero, al 40% en el cuarto y al 20% en el quinto. A partir del sexto año, cesaría toda responsabilidad del gobierno respecto al personal incorporado a la empresa.
- • Este es el esquema básico, que apunta a incentivar el desarrollo de actividades productivas en el sector privado. Queda pendiente, en esta propuesta, el análisis de otros compromisos y responsabilidades que corresponderían, tanto al gobierno como a las empresas incorporadas a este programa (v.g., períodos de prueba, evaluaciones de desempeño, resolución de disputas).
- En el caso de la opción de solicitud de apoyo para un emprendimiento por cuenta propia, habría que diseñar un programa especial que incluyera el tipo de actividades comprendidas, los mecanismos de análisis, evaluación y aprobación de las propuestas presentadas, el posible asesoramiento técnico a ofrecer desde el gobierno y el financiamiento decreciente que correspondería asumir, teniendo en cuenta criterios de equidad con relación a las otras dos opciones.
- Someto esta propuesta a consideración de las fuerzas políticas que estén dispuestas a encarar esta dura y necesaria tarea de reconversión estatal, a sabiendas de que se trata de una empresa difícil, que hallará fuerte oposición y exigirá una férrea voluntad y amplio apoyo ciudadano para llevarla a cabo.
- Si bien la propuesta está pensada para su aplicación en el gobierno nacional, su impacto sería mucho más significativo si pudiera implementarse en los gobiernos provinciales, sobre todo, en aquellas jurisdicciones donde el empleo público supera al empleo privado. Habría que pensar en mecanismos en los que las transferencias de fondos desde la Nación a las Provincias pudieran ser utilizadas como instrumento de promoción de estas soluciones.
ESTADO ABIERTO Y ERA EXPONENCIAL
"Estado Abierto y Era Exponencial" https://www.youtube.com/watch?v=dYvnNHOPaDY Ciudad de Santa Fe
- La gestión pública en la era exponencial, donde la tecnología plantea desafíos a los Estados y conviene pensar hasta qué punto los Estados están preparados para esta velocidad en la que se están produciendo los cambios. Traer algunas de las cuestiones que se tendrán que afrontar, por estos motivos.
- Estamos asistiendo a la 4ta revolución industrial que está caracterizada por el desarrollo de las tecnologías de la información y del conocimiento, que a partir de la 3ra revolución, web 2.0, la inteligencia artificial, los algoritmos, web semántica, las criptomonedas, quizás una moneda de reserva en los bancos centrales, el block chain, el internet de las cosas, la autonomización y la automatización de los vehículos, los drones, producirán una transformación extraordinaria de las locomociones, no existirán los registros de conductores porque los autos no los tendrán, las impresiones 3D para imprimir repuestos en la estación espacial.
- Todo esto implican cambios sobre la vida en general y sobre la gestión de lo público.
LAS GANANCIAS INESPERADAS
- ¿Deben tributar las “ganancias inesperadas”? 14 de mayo de 2022- Oscar Oszlak
PARA LA NACION
- Una nueva polémica se suscitó en la Argentina a raíz del anuncio del
gobierno de estar elaborando un impuesto a las “ganancias inesperadas”. Beneficios extraordinarios, ganancias eventuales, rentas inesperadas son nombres diferentes para designar ingresos que gobiernos de muy diferentes signos y orientaciones políticas convierten en base imponible para intentar capturar, en ciertos momentos históricos, una parte de los beneficios excepcionales que obtienen contribuyentes (generalmente, empresas) debido a circunstancias azarosas o fortuitas y no como resultado del giro normal de sus negocios o actividades.
- El 8 de marzo pasado, día en que el barril de crudo superó los 127 dólares, la Comisión Europea difundió un plan para que los estados miembros apliquen un impuesto único a las empresas de electricidad.
- Al día siguiente, una senadora demócrata de los Estados Unidos anunció estar trabajando en un impuesto sobre las “ganancias impulsadas por la guerra”. Ya Bulgaria, Rumania, Italia y España habían aplicado antes este tipo de tributos a ingresos “inesperados”.
- También la República Checa introdujo un impuesto sobre las ganancias extraordinarias derivadas de producir electricidad solar. Y en Gran Bretaña, en 1997, lo impuso el gobierno laborista de Tony Blair sobre las empresas de servicios públicos privatizadas. Ni siquiera la “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher, se privó de aplicarlos a comienzos de 1980, frente a la triplicación del precio del petróleo y, de nuevo, cuando los bancos obtuvieron enormes
ganancias como resultado de su política de tasas de interés altas y no -como ella misma adujo- “debido a una mayor eficiencia o un mejor servicio al cliente”.
- En la Argentina se introdujo un impuesto a los beneficios extraordinarios en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial; y un impuesto a las ganancias eventuales, en 1946. Ambos tuvieron vigencia durante los dos primeros gobiernos peronistas y recién fueron derogados y sustituidos por otros gravámenes, entre 1963 y 1973. Sostendré, en esta nota, que estar a favor o en contra de estas
exacciones no es una cuestión de izquierda o derecha, o de oficialismo u oposición.
- Además de los ejemplos ya comentados, el propio FMI, a través de Jean-Marc Natal, uno de sus funcionarios, fijó una posición clara respecto a este tipo de normas al manifestarse a favor de “impuestos temporales más altos” en tiempos de una pandemia o de una guerra para “intentar compensar a quienes más sufren”.
- Jornadas Gobierno Abierto y transparencia -Oscar Oszlak
- Hoy es 24 de mayo y como aprendimos por la historia El pueblo quiere saber de qué se trata. Cabildo abierto, Estado Abierto, el adjetivo abierto califica cada vez más cuestiones, hablamos de datos abiertos, justicia abierta, parlamento abierto, universidades abiertas
Hoy es 24 de mayo y como aprendimos por la historia siempre El pueblo quiere saber de qué se trata. Antes, se hablaba de Cabildo abierto, y hoy se habla de Gobierno Abierto, el adjetivo abierto califica cada vez más cuestiones, ¿nos podés hablar de la importancia que tiene hoy un Estado abierto
LA GESTIÓN ESTATAL DE LA PANDEMIA https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-gestion-estatal-de-la-pandemia-nid04112021/
- pocos problemas sociales han generado tanta información e indicadores como la pandemia del Covid-19 y su gestión. Pese a ello, no resulta sencillo aportar evidencias definitivas sobre éxitos o fracasos de las políticas adoptadas para controlar o reducir sus consecuencias. En primer lugar, porque la pandemia aún no terminó, y sus diferentes olas muestran que en algunos países aparentemente “exitosos” los resultados resultaron ser efímeros cuando una nueva cepa o una nueva ola los hizo retroceder en los diversos rankings que día a día dan cuenta de los avatares de esta guerra sanitaria. Y en segundo lugar, porque ciertos factores geográficos, demográficos, culturales y hasta étnicos podrían explicar éxitos comparativamente mayores, sin que el resultado haya dependido necesaria o principalmente de la acción estatal. Por ejemplo, territorios insulares; países con escasa superficie y población; composición etaria con predominio poblacional joven, menos proclive a contraer el virus; vigencia de una cultura de confianza o deferencia hacia el gobierno; experiencia reciente de otra pandemia; importancia relativa de sectores “antivacunas”; o incluso, el reducido peso de minorías étnicas o raciales.
- Queda, por otro lado, un amplio terreno de especulación contrafáctica que la academia, la prensa y las oposiciones políticas han planteado casi a diario: ¿qué hubiera ocurrido si las cuarentenas y los confinamientos hubieran sido menos prolongados, reduciendo las serias consecuencias negativas económicas de inmovilizar la actividad productiva? ¿Si tempranamente se hubiera dispuesto un cierre de escuelas mucho más selectivo, evitando los irrecuperables costos pedagógicos y sociales que se impusieron así a toda una generación de estudiantes? ¿Si en lugar de asumir comportamientos demagógicos y supuestamente tranquilizadores –como negar públicamente la amenaza del virus o considerarlo como una simple gripe–, algunos líderes políticos hubieran mostrado actitudes más responsables? ¿Si en la negociación con las grandes potencias mundiales productoras de vacunas ciertos países hubieran dejado de lado sus alineamientos político-ideológicos, privilegiando la urgencia en la adquisición de vacunas para inmunizar más rápidamente a su población? ¿Si con un ejercicio más firme en el control de gestión, algunos gobiernos hubieran impedido o reducido la corrupción en procesos de compras públicas, vacunatorios clandestinos y otros conflictos de intereses? ¿Si la comunidad internacional hubiera desempeñado un papel más oportuno y activo en evitar las desigualdades entre países y clases sociales, exacerbadas por la pandemia?