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Oscar Oszlak

• 24 de marzo 2022- Oscar Oszlak -

Queridos amigos,

Adjunto una propuesta política destinada a mejorar la situación de deformidad (al menos, uno de sus aspectos críticos) que presenta el aparato estatal. Está pensada para que los equipos técnicos que actualmente están trabajando en un plan de gobierno para 2023, incorporen a sus elencos a especialistas en gestión pública para que desarrollen los lineamientos contemplados en la propuesta que les envío.

Por supuesto, agradeceré los comentarios que les merezca sobre su viabilidad y pertinencia. Un abrazo.

Oscar

• Jornadas Gobierno Abierto y transparencia -Oscar Oszlak https://www.youtube.com/watch?v=24Woq-ZAzTk

Oscar Oszlak Investigador Titular Área Política y gestión pública

RECONVERSIÓN DEL ESTADO: PROPUESTA PARA REDUCIR SU DEFORMIDAD Oscar Oszlak

El Problema

• La crítica habitual lanzada contra el Estado, sobre todo desde los sectores más reaccionarios de la sociedad, destaca su gigantismo, su hipertrofia, su naturaleza boba. A mi juicio, el mayor problema no es su hipertrofia sino su deformidad.
• Existen organismos y sectores de nuestras administraciones públicas que funcionan bien, otros que están hipertrofiados, pero también hay muchos que son raquíticos o inexistentes, por lo cual sería preferible hablar de “deformidad” y de necesidad de “reasignación de recursos”.
• Sobreviven dentro del aparato estatal costosas estructuras (organismos y puestos de trabajo) creadas por anteriores gobiernos, que en su momento pudieron haber sido importantes para el proyecto político de turno y hoy perdieron totalmente su razón de ser. Habrá que analizar profundamente el valor público de la producción estatal en bienes, servicios, transferencias o regulaciones, para identificar excesos, vacíos y distorsiones.
• Y frente a la difundida creencia de que “sobra gente” en el sector público, un análisis detenido seguramente constatará la existencia de un fenómeno que llamo “síndrome sobra-falta”, es decir, que en ciertos organismos y para ciertas funciones, sobra en efecto personal (por lo general, de baja calificación), mientras que en los mismos u otros organismos falta personal con los perfiles necesarios para desempeñar funciones esenciales, generalmente de alta calificación.
• La solución no es, entonces, “echar gente”, sino planificar cuidadosamente la planta de personal en función de la revisión que se haya hecho del valor público de cada área funcional, adoptando una inteligente política de reconversión, reasignación e incorporación programada.
• Una pieza central de la propuesta planteada en este documento, es precisamente la referida a la reconversión del Estado y el destino del personal que no encuentre un puesto de trabajo útil dentro del sector público, la que se desarrollará más abajo.

Propuesta de política

• En democracias consolidadas, donde los gobiernos se suceden ordenadamente, cualesquiera fueren sus orientaciones político-ideológicas, los cambios en la estructura organizativa del sector público son infrecuentes.
• Los gobiernos heredan un aparato institucional “decantado” a través de años de gestión que, por lo general, cuenta con unidades organizativas que poseen las competencias y los elencos necesarios para producir los bienes, regulaciones o servicios demandados por sus respectivos destinatarios (usuarios, beneficiarios, sujetos de regulación).
• Suelen contar, además, con equipos de transición política, pertenecientes a partidos o coaliciones triunfantes, que toman contacto con el gobierno saliente meses antes de la entrega del poder. O, asimismo, con gabinetes en las sombras conformados por la oposición, que replican la composición del gabinete presidencial actuante.
• Nada de eso existe en la Argentina. Lo primero que hace un partido o coalición, luego de ganar una elección presidencial, es diseñar un nuevo organigrama ministerial y decidir quiénes ocuparán qué puestos, dentro de esa flamante estructura. Y eso suele ocurrir en un tiempo extremadamente breve, sin establecer contactos previos con las áreas gubernamentales todavía vigentes y, obviamente, sin una transición política ordenada.
• Por lo general, se crean y suprimen unidades en el papel, en todos los niveles jerárquicos (ministros, secretarios, subsecretarios, jefes de gabinete, coordinadores) y, una vez en el gobierno, aprobada la nueva ley de ministerios, cuando comienza a advertirse que algunas de las decisiones en esa materia eran equivocadas, se continúa rediseñando la estructura sin respetar necesariamente criterios jerárquicos y funcionales que debería exhibir una estructura técnicamente racional.
• A menos de dos años de un cambio de gobierno, se impone, desde ahora mismo, conformar un equipo de trabajo para analizar el valor público que generan los diferentes organismos estatales. Para ello, cada una de las áreas de análisis de políticas públicas que ha constituido la coalición opositora, debería contar con integrantes exclusivamente dedicados a estudiar y evaluar la estructura organizativa requerida para implementar aquellas políticas que se contempla adoptar en un futuro gobierno.
• Esto implica identificar cuáles son los diversos “productos” que resultan de la aplicación de los recursos presupuestarios con los que cuentan los organismos responsables del área o sector, cuál es su calidad, quiénes sus destinatarios, qué cambios se requieren para la producción o entrega de esos productos (v.g., procesos de gestión) y, finalmente, que combinación de infraestructura, personal y bienes o servicios no personales (función de producción) sería necesaria para una gestión más racional.
• Puede anticiparse que como resultado del análisis de “valor público”, surgirán diversos tipos de propuestas: eliminación, descentralización, privatización de la gestión, reingeniería, etc. para una mejor provisión del bien o servicio. A su vez, el análisis de los procesos de gestión permitirá seleccionar los esquemas jerárquicos y funcionales más adecuados para la distribución de competencias.
• Si el estudio de la “función de producción” en cada una de las áreas y sectores estatales llegara a tener el grado de profundidad suficiente, podría suministrar la información necesaria para replantear, siguiendo una estrategia gradual de mediano plazo, la recomposición de la estructura presupuestaria en términos de las partidas requeridas para gastos en personal, inversiones y gastos de funcionamiento y conservación.
• El conjunto de responsables de analizar las estructuras de gestión de las diferentes áreas de política pública conformarán, a su vez, un equipo que tendrá a su cargo el diseño de la estructura ministerial del futuro gobierno.
• Como resultado de la tarea de análisis sobre el valor público de cada área (y organismos) del Estado, así como de las estructuras y dotaciones técnicamente requeridas, se identificarán “dotaciones deseables”, con sus respectivos perfiles ocupacionales y posiciones jerárquicas necesarias. Es decir, la estructura organizativa se definiría de arriba-hacia-abajo pero también de abajo-hacia-arriba.
• Con esa información, podrán compararse los perfiles de puestos “deseables” con los efectivamente existentes, según la base de datos (BIEP) con que cuenta la administración pública nacional. Como resultado, se obtendrá un listado aproximado de puestos “sobrantes” y “faltantes”.
• Con respecto a los “sobrantes”, la propuesta que se pone a consideración del futuro gobierno consiste en, primero, identificar a los ocupantes de esos puestos “sobrantes” para, en primera instancia, analizar su posible traslado a otra área del mismo organismo, u otros organismos, para cubrir puestos de trabajo “faltantes”.
• A través del INAP, podrían ofrecerse cursos especiales para la reconversión del personal que fuera pasible de traslado. A quienes no pudieran ser trasladados por no existir puestos vacantes en la nueva estructura que se correspondan con su perfil, se les ofrecería las siguientes opciones:
• 1. Un retiro voluntario o jubilación anticipada que, a diferencia de otras experiencias previas, no dependería de la voluntad del funcionario de retirarse cuando, en realidad, sería deseable que permaneciera en su puesto. En este caso, el ofrecimiento lo haría el gobierno a partir de un criterio basado en el carácter superfluo del puesto.
• 2. El ofrecimiento de un puesto de trabajo en el sector privado (empresas, pymes, ONG u organizaciones de la economía solidaria), en el marco de un programa cuyas características se describirán enseguida.
• 3. El apoyo, por tiempo determinado, a un emprendimiento comercial, industrial o profesional, en las condiciones que también se comentarán más abajo.
• En el caso del retiro voluntario o jubilación anticipada, el régimen a aplicar (por ejemplo, el pago de una doble indemnización o el pago anticipado de salarios faltantes hasta la jubilación) sería similar a otros adoptados en el pasado. La diferencia fundamental con el pasado es que no estaría abierto a cualquiera que deseara retirarse sino a los ocupantes de puestos que hubieran sido declarados “superfluos”.
• En el segundo caso, el gobierno lanzaría un Programa de Reconversión Laboral que tendría las siguientes características básicas:
• • Cualquier empresa existente o a formarse, que presente los requisitos a determinar, podría presentar un plan de incorporación de aquel personal que, hasta ese momento, estuviera cubriendo puestos “sobrantes” en algún organismo estatal, a partir de la información que el gobierno suministraría públicamente a través de sus redes.
• • La empresa participante del programa se obligaría a contratar a ese personal durante un período mínimo de cinco (5) años, período durante el cual la empresa recibiría un subsidio decreciente del gobierno para cubrir las remuneraciones de dicho personal.
• • El gobierno se comprometería a pagar el 100% de las remuneraciones del personal que resultara incorporado a través de este programa, durante un período de 12 meses, incluyendo los beneficios y aumentos que se dispusieran durante ese período. En los años sucesivos, el monto del subsidio se iría reduciendo gradualmente, de modo que equivaldría al 80% en el segundo año, al 60% en el tercero, al 40% en el cuarto y al 20% en el quinto. A partir del sexto año, cesaría toda responsabilidad del gobierno respecto al personal incorporado a la empresa.
• • Este es el esquema básico, que apunta a incentivar el desarrollo de actividades productivas en el sector privado. Queda pendiente, en esta propuesta, el análisis de otros compromisos y responsabilidades que corresponderían, tanto al gobierno como a las empresas incorporadas a este programa (v.g., períodos de prueba, evaluaciones de desempeño, resolución de disputas).
• En el caso de la opción de solicitud de apoyo para un emprendimiento por cuenta propia, habría que diseñar un programa especial que incluyera el tipo de actividades comprendidas, los mecanismos de análisis, evaluación y aprobación de las propuestas presentadas, el posible asesoramiento técnico a ofrecer desde el gobierno y el financiamiento decreciente que correspondería asumir, teniendo en cuenta criterios de equidad con relación a las otras dos opciones.
• Someto esta propuesta a consideración de las fuerzas políticas que estén dispuestas a encarar esta dura y necesaria tarea de reconversión estatal, a sabiendas de que se trata de una empresa difícil, que hallará fuerte oposición y exigirá una férrea voluntad y amplio apoyo ciudadano para llevarla a cabo.
• Si bien la propuesta está pensada para su aplicación en el gobierno nacional, su impacto sería mucho más significativo si pudiera implementarse en los gobiernos provinciales, sobre todo, en aquellas jurisdicciones donde el empleo público supera al empleo privado. Habría que pensar en mecanismos en los que las transferencias de fondos desde la Nación a las Provincias pudieran ser utilizadas como instrumento de promoción de estas soluciones.

ESTADO ABIERTO Y ERA EXPONENCIAL

• "Estado Abierto y Era Exponencial" https://www.youtube.com/watch?v=dYvnNHOPaDY Ciudad de Santa Fe

• La gestión pública en la era exponencial, donde la tecnología plantea desafíos a los Estados y conviene pensar hasta qué punto los Estados están preparados para esta velocidad en la que se están produciendo los cambios. Traer algunas de las cuestiones que se tendrán que afrontar, por estos motivos.
• Estamos asistiendo a la 4ta revolución industrial que está caracterizada por el desarrollo de las tecnologías de la información y del conocimiento, que a partir de la 3ra revolución, web 2.0, la inteligencia artificial, los algoritmos, web semántica, las criptomonedas, quizás una moneda de reserva en los bancos centrales, el block chain, el internet de las cosas, la autonomización y la automatización de los vehículos, los drones, producirán una transformación extraordinaria de las locomociones, no existirán los registros de conductores porque los autos no los tendrán, las impresiones 3D para imprimir repuestos en la estación espacial.
• Todo esto implican cambios sobre la vida en general y sobre la gestión de lo público.

LAS GANANCIAS INESPERADAS

• ¿Deben tributar las “ganancias inesperadas”? 14 de mayo de 2022- Oscar Oszlak

PARA LA NACION

• Una nueva polémica se suscitó en la Argentina a raíz del anuncio del

gobierno de estar elaborando un impuesto a las “ganancias inesperadas”. Beneficios extraordinarios, ganancias eventuales, rentas inesperadas son nombres diferentes para designar ingresos que gobiernos de muy diferentes signos y orientaciones políticas convierten en base imponible para intentar capturar, en ciertos momentos históricos, una parte de los beneficios excepcionales que obtienen contribuyentes (generalmente, empresas) debido a circunstancias azarosas o fortuitas y no como resultado del giro normal de sus negocios o actividades.

• El 8 de marzo pasado, día en que el barril de crudo superó los 127 dólares, la Comisión Europea difundió un plan para que los estados miembros apliquen un impuesto único a las empresas de electricidad.
• Al día siguiente, una senadora demócrata de los Estados Unidos anunció estar trabajando en un impuesto sobre las “ganancias impulsadas por la guerra”. Ya Bulgaria, Rumania, Italia y España habían aplicado antes este tipo de tributos a ingresos “inesperados”.
• También la República Checa introdujo un impuesto sobre las ganancias extraordinarias derivadas de producir electricidad solar. Y en Gran Bretaña, en 1997, lo impuso el gobierno laborista de Tony Blair sobre las empresas de servicios públicos privatizadas. Ni siquiera la “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher, se privó de aplicarlos a comienzos de 1980, frente a la triplicación del precio del petróleo y, de nuevo, cuando los bancos obtuvieron enormes

ganancias como resultado de su política de tasas de interés altas y no -como ella misma adujo- “debido a una mayor eficiencia o un mejor servicio al cliente”.

• En la Argentina se introdujo un impuesto a los beneficios extraordinarios en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial; y un impuesto a las ganancias eventuales, en 1946. Ambos tuvieron vigencia durante los dos primeros gobiernos peronistas y recién fueron derogados y sustituidos por otros gravámenes, entre 1963 y 1973. Sostendré, en esta nota, que estar a favor o en contra de estas

exacciones no es una cuestión de izquierda o derecha, o de oficialismo u oposición.

• Además de los ejemplos ya comentados, el propio FMI, a través de Jean-Marc Natal, uno de sus funcionarios, fijó una posición clara respecto a este tipo de normas al manifestarse a favor de “impuestos temporales más altos” en tiempos de una pandemia o de una guerra para “intentar compensar a quienes más sufren”.
• Jornadas Gobierno Abierto y transparencia -Oscar Oszlak
• Hoy es 24 de mayo y como aprendimos por la historia El pueblo quiere saber de qué se trata. Cabildo abierto, Estado Abierto, el adjetivo abierto califica cada vez más cuestiones, hablamos de datos abiertos, justicia abierta, parlamento abierto, universidades abiertas

• Hoy es 24 de mayo y como aprendimos por la historia siempre El pueblo quiere saber de qué se trata. Antes, se hablaba de Cabildo abierto, y hoy se habla de Gobierno Abierto, el adjetivo abierto califica cada vez más cuestiones, ¿nos podés hablar de la importancia que tiene hoy un Estado abierto

• LA GESTIÓN ESTATAL DE LA PANDEMIA https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-gestion-estatal-de-la-pandemia-nid04112021/

• pocos problemas sociales han generado tanta información e indicadores como la pandemia del Covid-19 y su gestión. Pese a ello, no resulta sencillo aportar evidencias definitivas sobre éxitos o fracasos de las políticas adoptadas para controlar o reducir sus consecuencias. En primer lugar, porque la pandemia aún no terminó, y sus diferentes olas muestran que en algunos países aparentemente “exitosos” los resultados resultaron ser efímeros cuando una nueva cepa o una nueva ola los hizo retroceder en los diversos rankings que día a día dan cuenta de los avatares de esta guerra sanitaria. Y en segundo lugar, porque ciertos factores geográficos, demográficos, culturales y hasta étnicos podrían explicar éxitos comparativamente mayores, sin que el resultado haya dependido necesaria o principalmente de la acción estatal. Por ejemplo, territorios insulares; países con escasa superficie y población; composición etaria con predominio poblacional joven, menos proclive a contraer el virus; vigencia de una cultura de confianza o deferencia hacia el gobierno; experiencia reciente de otra pandemia; importancia relativa de sectores “antivacunas”; o incluso, el reducido peso de minorías étnicas o raciales.
• Queda, por otro lado, un amplio terreno de especulación contrafáctica que la academia, la prensa y las oposiciones políticas han planteado casi a diario: ¿qué hubiera ocurrido si las cuarentenas y los confinamientos hubieran sido menos prolongados, reduciendo las serias consecuencias negativas económicas de inmovilizar la actividad productiva? ¿Si tempranamente se hubiera dispuesto un cierre de escuelas mucho más selectivo, evitando los irrecuperables costos pedagógicos y sociales que se impusieron así a toda una generación de estudiantes? ¿Si en lugar de asumir comportamientos demagógicos y supuestamente tranquilizadores –como negar públicamente la amenaza del virus o considerarlo como una simple gripe–, algunos líderes políticos hubieran mostrado actitudes más responsables? ¿Si en la negociación con las grandes potencias mundiales productoras de vacunas ciertos países hubieran dejado de lado sus alineamientos político-ideológicos, privilegiando la urgencia en la adquisición de vacunas para inmunizar más rápidamente a su población? ¿Si con un ejercicio más firme en el control de gestión, algunos gobiernos hubieran impedido o reducido la corrupción en procesos de compras públicas, vacunatorios clandestinos y otros conflictos de intereses? ¿Si la comunidad internacional hubiera desempeñado un papel más oportuno y activo en evitar las desigualdades entre países y clases sociales, exacerbadas por la pandemia?

junio, 2025

• Ojos que no ven, protestas que no se sienten
• La motosierra es una herramienta demasiado tosca para la necesaria reconstrucción institucional que exige el aparato gubernamental; menos no es igual a mejor
• 3 de junio de 2025
• Oscar Oszlak PARA LA NACION

Entre las pocas satisfacciones que la gestión pública puede brindar a un intendente o a un ministro, la inauguración de obras públicas seguramente encabece la lista. El corte de cintas o la primera palada de tierra de un camino o un hospital –símbolos del inicio de las obras– son actos celebratorios: los discursos y fotos de rigor al son de una banda musical documentan esos eventos para la historia. En cambio, jamás se festeja el óptimo mantenimiento de la ruta o del hospital, o sea, el buen desempeño de los organismos responsables de que esa infraestructura no se deteriore.

Los peores enemigos de esos bienes públicos son el tiempo y la indolencia de los gobiernos. El tiempo, porque en su transcurso el uso normal produce inevitablemente su deterioro material. La indolencia, porque los gobiernos no realizan las tareas preventivas y reparadoras que exige el mantenimiento.

Claro, el mantenimiento no genera rédito político. No se ve. Está oculto a los ojos de la ciudadanía, porque los vehículos siguen circulando o el edificio sigue en pie, hasta tanto el deterioro convierta el camino en intransitable y las filtraciones, o un derrumbe, inhabiliten el hospital. Recién entonces se alzarán voces en demanda de actuación gubernamental, especialmente si a raíz del deterioro se producen accidentes y muertes. Y así como quienes inauguraron esas obras pudieron haberse adjudicado el mérito, sumando puntos a su carrera política, nadie puede ser acusado del deterioro: los responsables son siempre “gobiernos anteriores” (entidades anónimas e indiferenciadas), que no realizaron a tiempo las inversiones o abandonaron los controles necesarios. Nos lo recuerda el incendio de Cromañón o la tragedia de la estación Once, cada vez que una nueva catástrofe sacude a la opinión pública.

En todas las jurisdicciones de la administración pública de nuestro país, existen visibles déficits en la infraestructura pública y en la actuación gubernamental. Esta situación viene siendo denunciada desde hace muchos años por especialistas, ONG, organizaciones corporativas y los propios ciudadanos. Pero aplicar la motosierra a ciegas, siguiendo la lógica de “muerto el perro se acabó la rabia”, no resuelve el problema; no hace más que agravarlo. Y eso es lo que puede ocurrir con la campaña de aserramiento institucional emprendida por el actual gobierno.

Señalé en estas páginas que el previo y necesario diagnóstico institucional requiere el uso del microscopio y el bisturí. El microscopio, para conocer en profundidad el valor público de lo que produce cada organismo estatal. El bisturí, para realizar los cortes selectivos que resulten del diagnóstico. Cabe agregar ahora otros instrumentos; el telescopio y la incubadora. El telescopio, para avizorar las futuras necesidades de la gestión; la incubadora, para crear un ambiente controlado para el desarrollo de los recursos humanos y equipos de trabajo que seguramente será necesario incorporar como resultado del diagnóstico. La motosierra es una herramienta demasiado tosca para la necesaria reconstrucción institucional que exige el aparato gubernamental.

Imaginemos las posibles consecuencias de un aserramiento indiscriminado. ¿Qué ocurriría si el Senasa dejara de certificar la calidad de los productos cárnicos exportables declarándolos libres de fiebre aftosa; si el INTA abandonara sus programas de investigación y extensión en mejoramiento genético, preservación de recursos naturales, servicios ecosistémicos o buenas prácticas de cultivo; si ARCA dejara de realizar inspecciones a grandes contribuyentes, o no incorporara los avances de la inteligencia artificial en la detección de fraudes tributarios; si no se realizaran las inversiones en construcción de aulas, baños, conexiones a internet o bibliotecas en las escuelas? La pregunta podría repetirse en las decenas de áreas de actuación del Estado interrogando acerca de los impactos que produciría la suspensión de otros tantos servicios públicos, y la respuesta sería la misma: no pasaría “nada”. Nada, al menos, hasta las elecciones de octubre próximo.

Por supuesto, no pasaría nada visible a los ojos de la ciudadanía. Entre las cosas que sí ocurrirían, podríamos enumerar que los ahorros presupuestarios permitirían seguir manteniendo el déficit “0”, con el consiguiente rédito político para el Gobierno. Además, poco a poco, se irían desmantelando en el sector público múltiples equipos de trabajo que costó mucho formar. Miles de exagentes públicos desplazados deberían redirigir sus carreras o considerar migrar al exterior. Y casi imperceptiblemente las estadísticas comenzarían a sumar más analfabetos funcionales, peores índices de salud, menores avances tecnológicos y muchos más accidentados, evasores o pobres.

¿Cómo evitarlo? Primero, reorientando la estrategia de transformación hacia un mejor Estado, en lugar de hacerlo indiscriminadamente hacia un menor (o ningún) Estado. Menos no es igual a mejor. Incluso es posible que el resultado final de la estrategia alternativa termine reduciendo el aparato estatal. Pero sería un Estado diferente, que los expertos han adjetivado como “necesario”, “inteligente”, “atlético”, “sensato”, “modesto”, “reinventado” o “catalítico”. Todos estos términos aluden a un Estado cuya gestión se funda en el valor público que produce cada uno de sus programas y agencias, pero después de analizar y priorizar la naturaleza y el alcance de las demandas o servicios que requiere la ciudadanía, los elencos necesarios, los recursos y tecnologías que hacen falta y las opciones de prestación, centralizada o descentralizada, pública, privada o mixta.

Idealmente, según el modelo de “buena gobernanza” de las Naciones Unidas, ese Estado debería estar imbuido de un ethos profesional y ser transparente, eficiente, justo, equitativo, democrático, tener una visión estratégica y rendir cuentas. Ningún Estado realmente existente reúne todos esos atributos, pero siempre se trata de una cuestión de grados de cercanía o lejanía respecto de esos ideales. En particular, importa destacar los dos últimos: visión estratégica y rendición de cuentas.

Gobierno tras gobierno, en la experiencia de la gestión pública argentina, solo ha importado el presente, el día a día. Tener una visión estratégica supone incorporar el futuro a la gestión, planificar, programar, anticipar riesgos, evaluar contingencias. Y rendir cuentas implica, también, incorporar el pasado, echar una mirada hacia atrás, evaluar resultados e impactos, así como rendir cuentas por la gestión realizada. Porque la gestión pública debería ser una gestión en tres tiempos. La inversión estatal, el mantenimiento de la obra pública, la prestación de servicios, así como la casi totalidad de la actividad de gobernar requieren programación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, además de gestionar el día a día. Un Estado que no planifica ni rinde cuentas solo confía en el azar, la prueba y el error. Recién cuando la imprevisión y la inimputabilidad tornan visible el desastre la ciudadanía suele patear el tablero y hacer una nueva apuesta.

Por Oscar Oszlak

lunes 3 de noviembre, 2025

• CONVERSAR SOBRE SU NUEVO LIBRO

• Oscar Oszlak - Abrir el estado. ¿Quién tiene la llave?'

• ¿Cuál es la diferencia entre Gobierno abierto y Estado abierto y por qué es importante comprenderlo?

• Oscar Oszlak - Abrir el estado. ¿Quién tiene la llave? / Oscar Oszlak ; Prólogo de Joan Subirats

• Durante más de una década, la idea de un Gobierno Abierto ha ocupado un lugar central en los debates sobre la transformación del Estado y la gestión pública. Transparencia, participación, colaboración e innovación han sido los pilares discursivos de este movimiento global. Pero ¿hasta qué punto estas promesas se han traducido en prácticas reales que transformen la relación entre Estado y ciudadanía?
• En este libro, Oscar Oszlak –referente indiscutido en el campo del pensamiento público latinoamericano– ofrece un análisis riguroso y crítico del recorrido de esta perspectiva. Con la lucidez que caracteriza su trayectoria intelectual, Oszlak examina los fundamentos conceptuales del gobierno abierto, su evolución histórica, las oportunidades generadas por el entorno digital, y las tensiones persistentes entre discurso y práctica.

Lejos de caer en un optimismo ingenuo, pero también evitando el escepticismo estéril, el autor identifica los avances, sin perder de vista las limitaciones estructurales, culturales y políticas que impiden una implementación efectiva y sostenida. El resultado es una obra indispensable para comprender los desafíos de construir un Estado verdaderamente abierto, capaz de fortalecer la democracia, reducir las desigualdades y acercarse genuinamente a la ciudadanía.

• Un texto esencial para académicos, decisores públicos, activistas y todos aquellos interesados en repensar el Estado desde una mirada crítica, informada y comprometida.

• Reseña del libro Abrir el Estado: ¿Quién tiene la llave? Oszlak, Oscar. (2025). Abrir el Estado: ¿Quién tiene la llave? Editorial Prometeo. ISBN: 978-931-6683-28-1.

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• Pablo Bulcourf

Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). https://orcid. org/0000-0002-4859-2194 pablo_bulcourf@yahoo.com.ar

Desde hace más de cincuenta años, Oscar Oszlak viene analizando la compleja relación entre el Estado y la sociedad en sus diferentes dimensiones. No se trata solamente de una cuestión científica, sino que a lo largo de su amplia Oscar pudo atravesar los diferentes laberintos que conforman el entramado de relaciones sociales que conforman esta relación, ejerciendo diferentes roles. Esto, a lo largo de tanto tiempo, enriqueció su mirada adoptando una perspectiva que ha logrado captar los cambios más significativos del vínculo.Oszlak realizó su carrera profesional de grado en la Facultad de Ciencias Económicas, donde se graduó como contador público, especializándose en temas impositivos. Esto le permitió ingresar en la Dirección General Impositiva (DGI), llevándolo a efectuar estudios de posgrado sobre la temática en la Universidad de Harvard. Con el golpe militar de la “Revolución Argentina” en 1966 se trasladó con su familia a los EE. EE. UU. para realizar su máster y doctorado en ciencia política en la Universidad de California en Berkeley. Como él mismo ha señalado en varias oportunidades, pasó de ser contador público a contador de lo público (Oszlak, 2015) A su regreso a la Argentina, formó parte, junto a otros especialistas que habían realizado también sus posgrados en el exterior, del Centro de Investigación en Administración Pública (CIAP), dentro del Instituto Di Tella. En 1975, algunos de ellos, entre los que se encontraban Guillermo O’Donnell, Elizabeth Jelín, Horacio Boneo y Marcelo Cavarozzi, crearon el Centro de Estudios sobre Estado y Sociedad (CEDES). Esta institución se conformó como uno de los centros más relevantes de las ciencias sociales en América Latina. A pesar de la dictadura militar que se implantó con pocos meses de posterioridad, Oszlak y O’Donnell desarrollaron el enfoque histórico-estructural, uno de los aportes más originales de la ciencia política argentina al mundo, estableciendo un diálogo fecundo entre la producción regional y los grandes debates que se estaban produciendo en los países centrales. El impacto de estos especialistas fue tan amplio durante décadas que introdujeron el análisis de políticas de corte lassweliano en Latinoamérica sin perder su sentido crítico y reflexivo (Oszlak y O’Donnell, 2008; Bulcourf, 2023). En este contexto, se producirá uno de los textos más significativos de Oszlak: La formación del Estado argentino, obra que construye un puente entre la ciencia política y la historia. Desde su publicación original hasta la fecha ha habido dos ediciones y seis impresiones (Oszlak, 2024).

• A comienzos de la democracia en el país, Oszlak ocupó varios cargos públicos y fue

asesor del propio presidente Raúl Alfonsín. Entre sus actividades institucionales más destacadas se encuentran la creación de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Argentina de Análisis Político, de la que fue su primer presidente. Su experiencia como consultor internacional abarcó acciones en varios continentes trabajando en organizaciones como el BID, el PNUD y el CLAD. Entre 2016 y 2023, dirigió en el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) la revista científica-académica Estado Abierto.

• En plena pandemia del COVID-19, Oszlak reflexionó sobre la relevancia del factor tecnológico en el manejo de los grandes datos, presente en su libro El Estado en la era exponencial. Allí sostuvo:

La tecnología no es más que una herramienta que abre nuevas oportunidades para que los Estados adquieran mayor capacidad y sean más eficientes. Pero al amplificar de modo exponencial el poder de los datos, su impacto sobre el bienestar de las sociedades y sobre la naturaleza del régimen político pasa a depender del uso de ese poder. A lo largo de toda la historia de la humanidad, la coerción, el dinero o la ideología han sido empleados como instrumentos dedominación y sojuzgamiento; hoy, la información —como recurso de poder— también puede serlo. En términos potenciales, la acelerada evolución de estas herramientas informativas hace posible utilizarlas —y ya hay suficiente evidencia de ello— para marginar poblaciones discriminadas en virtud de una “decisión logarítmica”, para “guiar” las decisiones de consumidores y votantes conociendo sus gustos y preferencias, o para perseguir y encarcelar a opositores políticos (Oszlak, 2020, p. 239).

• Como se desprende de esta obra, el estudio de las nuevas tecnologías y de la utilización de los macrodatos es una problemática que trabajó Oszlak en su vínculo con la

gestión pública dentro del contexto de la “era exponencial”, que reconfigura de forma exponencial los alcances potenciales de estos recursos. El libro Abrir el Estado, ¿quién tiene la llave?, está estructurado con un prólogo y cinco capítulos, el último siendo similar a un epílogo. El primero, confeccionado por Joan Subirats, catedrático en la Universidad de Barcelona, que ejerció también varios cargos públicos en su país, entre ellos el Ministerio de Universidades español; y fue también uno de los principales referentes del campo de la administración y las políticas públicas en Iberoamérica. Este capítulo está centrado en el desarrollo de la conceptuación histórica del “gobierno abierto” y el “Estado abierto”, del cual nuestro autor fue creador en 2013 durante el XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, realizado en la ciudad de Montevideo.

• El primer concepto tuvo su origen en 2009, cuando asumió la presidencia de los EE.

UU. Barack Obama, orientando su gestión hacia construir un gobierno abierto, participativo y colaborativo, así surgió la concepción de open government. Esta concepción sobre la forma de gobernar modifica el vínculo entre la toma de decisiones de última instancia y la ciudadanía. Si bien no podríamos establecer una correlación directa, estas nuevas tecnologías (TIC) pueden facilitar instrumentalmente las posibilidades reales de una implementación efectiva.

• El concepto de “estado abierto”, del cual el propio Oszlak fue uno de sus principales

promotores, pretende ir más allá de las acciones del poder ejecutivo y se extiende hacia el legislativo y el judicial en un sentido funcional. A su vez, expresa una ampliación conceptual en sentido territorial, ya que se extiende hacia las unidades subnacionales, ya sean “estados” dentro de un país, provincias o municipios. Poco a poco estas ideas han ido ganando terreno no solo desde un plano analítico, sino principalmente en un