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El informe recuerda que las “brechas de género en el uso del tiempo dan cuenta de la persistencia y reproducción de desigualdades”, y que esas diferencias son las que terminan teniendo impacto sobre el acceso de las mujeres a los recursos monetarios y, por lo tanto, sobre su propia autonomía. Sobre eso, señala la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, el Estado tiene una responsabilidad nada menor. “En contextos de débil, insuficiente o inadecuada provisión de servicios públicos de cuidado, la organización del cuidado en los hogares depende principalmente del trabajo de cuidado n remunerado provisto por sus propios miembros, y de la posibilidad que tengan de adquirir servicios de cuidado en el mercado”, advierte el texto. Mientras que los hogares con más recursos “tendrán más posibilidades de comprar cuidado y con ello liberar tiempo propio (principalmente de las mujeres)”, los hogares más pobres “que habitualmente tienen además mayores cargas de cuidado, tienen más limitaciones para comprar cuidado, y con ello liberar tiempo, y por tanto no pueden generar ingresos, lo que les impide comprar cuidado, y de esa forma se reproduce la dinámica que los mantiene en esa situación”. |
la ley caba 4892 – economía del cuidado
Las diferencias en el uso del tiempo, que están en la base del concepto de “economía del cuidado”, “dan cuenta de la persistencia y reproducción de desigualdades”, afirma el Estudio, que basó su desarrollo en los resultados de evaluaciones piloto previas, como un cuestionario de actividades realizado en 2015 y un “diario de actividades” de 2005. La puesta en marcha de mediciones de trabajo no remunerado se desarrolla en la región desde 1995, a instancias de la Plataforma de Acción de Beijing, “que reconoce la utilidad social y el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se realiza al interior de los hogares”.
El informe recuerda que las “brechas de género en el uso del tiempo dan cuenta de la persistencia y reproducción de desigualdades”, y que esas diferencias son las que terminan teniendo impacto sobre el acceso de las mujeres a los recursos monetarios y, por lo tanto, sobre su propia autonomía. Sobre eso, señala la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, el Estado tiene una responsabilidad nada menor. “En contextos de débil, insuficiente o inadecuada provisión de servicios públicos de cuidado, la organización del cuidado en los hogares depende principalmente del trabajo de cuidado n remunerado provisto por sus propios miembros, y de la posibilidad que tengan de adquirir servicios de cuidado en el mercado”, advierte el texto. Mientras que los hogares con más recursos “tendrán más posibilidades de comprar cuidado y con ello liberar tiempo propio (principalmente de las mujeres)”, los hogares más pobres “que habitualmente tienen además mayores cargas de cuidado, tienen más limitaciones para comprar cuidado, y con ello liberar tiempo, y por tanto no pueden generar ingresos, lo que les impide comprar cuidado, y de esa forma se reproduce la dinámica que los mantiene en esa situación”.
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